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Nuevas medidas en materia concursal y societaria

30 abril, 2020

Nuevas medidas en materia concursal y societaria

El capítulo II del Real Decreto 16/2020, de 28 de abril, ha desarrollado una serie de nuevas medidas en materia concursal y societarias con el triple objeto de: mantener la continuidad económica de las empresas que ya tenían dificultades de pago, potenciar la financiación de las empresas para atender a sus créditos y evitar el posible aumento de litigiosidad en relación con la tramitación de concursos de acreedores.

Junto con la medida ya adoptada en el Real Decreto Ley de 11/2020, de 31 de marzo, que abría la posibilidad de acceder a las empresas concursadas a realizar ERTEs, se añaden nuevas medidas en materia concursal y societarias, entre las que se encuentran las siguientes:

Modificación del convenio concursal

En primer lugar, se abre la posibilidad de que el concursado presente, hasta marzo de 2021, nueva propuesta de modificación del convenio concursal, la cual deberá ir acompañada de una relación de créditos concursales conjunto con un plan de viabilidad y un plan de pagos.

Esta propuesta se tramitará de igual forma que el convenio originario, con la única especialidad de que la tramitación será escrita.

Aplazamiento de la admisión a trámite de solicitudes de declaración de incumplimiento del convenio

Del mismo modo, se establece que en el caso de que los acreedores presenten ante el juez solicitudes de declaración del incumplimiento dentro de los 6 meses a contar desde la declaración del estado de alarma, éste no las admitirá a trámite hasta que transcurran tres meses a contar desde que finalice ese plazo. Durante esos tres meses el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento.

Aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación

En tercer lugar, con el fin de flexibilizar la normativa actual en materia concursal, se ha suspendido el deber del deudor de solicitar la liquidación de la masa activa hasta marzo de 2021, siempre y cuando presente una propuesta de modificación del convenio y esta se admita a trámite.

Acuerdos de refinanciación

Asimismo mediante estas nuevas medidas en materia concursal y societarias se pretende reforzar los acuerdos de refinanciación, dotando del plazo de un año desde la declaración del estado de alarma al deudor, que tuviera homologado un acuerdo de refinanciación, de iniciar nuevas negociaciones con los acreedores para modificar dicho acuerdo o alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un años desde la anterior solicitud de homologación.

Durante los 6 meses posteriores desde la fecha en que queda suspendido el estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurra 1 mes desde la finalización de dicho plazo de seis meses.

Además durante ese mismo mes, el deudor podrá poner en conocimiento al juez que han iniciado o pretender iniciar nuevas negociaciones, solo admitiendo a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento presentadas por los acreedores en el caso de que no haya acuerdo dentro de los 3 meses siguientes a la comunicación al juzgado.

Extensión del plazo para solicitar el concurso de acreedores
  • Hasta el 31/12/2020  el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso.
  • Hasta el 31/12/2020 los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde la declaración del estado de alarma, tramitándose con preferencia aquellas solicitudes de concurso voluntario.
Impugnación del inventario y lista de acreedores

En aquellos concursos en los que la administración concursal aún no hubiera presentado el inventario provisional y la lista provisional de acreedores y en los que se declaren dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, se simplifican los incidentes de impugnación del inventario y de la lista de acreedores, admitiendo como medios de prueba únicamente las pruebas documentales y periciales, que habrán de acompañar necesariamente a la demanda incidental de impugnación y a las contestaciones, eliminado con ello el trámite de la vista (salvo que el Juez del concurso resuelva otra cosa).

La falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados se considerará allanamiento, salvo que se trate acreedores de derecho público.

Tramitación preferente

Para agilizar el procedimiento concursal, se tramitará preferentemente, dentro del año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma, una serie de actuaciones:

  1. Los incidentes concursales en materia laboral.
  2. Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta en globo de los elementos del activo.
  3. Las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en periodo de cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio.
  4. Los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa.
  5. La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente.
  6. La adopción de medidas cautelares y, en general, cualesquiera otras que, a juicio del Juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y derechos.
Enajenación de la masa activa

Entre estas nuevas medidas en materia concursal y societarias se encuentra la obligación de que todas las subastas de bienes y derechos de la masa activa sean realizadas de manera extrajudicial, incluso aunque el plan de liquidación estableciera otra cosa.

Como excepción a lo anterior, se posibilita la enajenación del conjunto de la empresa o varias unidades productivas mediante subasta judicial o extrajudicial o cualquier otro modo de realización autorizado por el juez. Además si  el Juez hubiera autorizado en cualquier estado del concurso la realización directa de los bienes y derechos afectos a privilegio especial o la dación en pago o para pago de dichos bienes, se estará a los términos contenidos en esa autorización.

Aprobación del plan de liquidación

Por otro lado, para agilizar el procedimiento concursal, este Real Decreto establece que, una vez quede sin efecto el estado de alarma, el juez deberá dictar, en el plazo de 15 días desde que el plan de liquidación hubiera quedado de manifiesto en la oficina del juzgado, auto aprobando el plan o acordando la liquidación conforme a las reglas legales supletorias.

Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos

A los efectos de iniciar concurso consecutivo, se establece que durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, comunicando y acreditando ante el Juez que se han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado.

Suspensión de la causa de disolución por pérdidas

Por último, en lo relativo a la disolución por pérdidas, esta nueva publicación modifica lo establecido en el procedimiento concursal contenido en la LSC, estableciendo que no se computarán las pérdidas del ejercicio 2020, a los solos efectos de determinar si la sociedad se encuentra en causa de disolución por haber quedado su patrimonio neto reducido a una cantidad inferior a la mitad del capital social.

Entendiendo entonces, que solo si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.

Este último artículo tendría además consecuencias en materia de tributación del Impuesto de Sociedades. La  falta de cómputo de las pérdidas del ejercicio de este año dejará en “standby” el artículo 58.4.d) de la Ley del Impuesto de Sociedades, no excluyendo del grupo de consolidación fiscal ninguna de las entidades del grupo, a pesar de sus pérdidas actuales. En conclusión, las entidades del grupo que tengan pérdidas tendrán el plazo de 2 años para recuperar su situación y no ser excluidas del grupo de consolidación fiscal.

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Cristina García
Abogada
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